El pasado 11 de agosto se presentó en la Asamblea Legislativa una iniciativa para modificar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad, con la meta de aprobar una nueva normativa de seguridad vial.
En caso de ser aprobada, se reformarán 233 artículos de la actual ley. Uno de los puntos más destacados es la disolución del Viceministerio de Transporte, el cual será sustituido por la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial.
Para nuestro abogado asociado senior, Rubén Rivas, este cambio en la estructura del Ministerio de Obras Públicas responde a un mejoramiento de la eficiencia de la dependencia, así como la integración de representantes de otros sectores para hacer de la Dirección más “multifacética”.
“Lo que está detrás de ese cambio estructural es tratar de volver más eficiente, en términos de costos y recursos, la gestión de la movilidad del país. Al mismo tiempo, se integran actores de otros campos para tomar mejores decisiones”, reflexionó.
En el apartado de la imposición de multas por infracciones a la ley, en el reglamento se incluye un aumento a la tarifa de sanciones. En la ley vigente, las multas van desde los $11.43 hasta los $57.14 dólares estadounidenses. Ahora con la nueva normativa, las multas sufrirán una subida de $50, $100 y $150.
En este caso, nuestro experto expone que el panorama del aumento a las multas tiene un sentido de minimizar el riesgo en las carreteras: “Por lo general, en temas de tránsito y en temas penales, lo que está detrás de la mente de las personas que cometen infracciones es que pueden ser sancionados”.
Por otra parte, se comprimirá el porcentaje autorizado de alcohol al instante de realizar pruebas de alcotest. Se establecerá el límite en 0.5 gramos por litro en sangre o su parecido en aire espirado. Para Rivas, este cambio en el porcentaje responde a la necesidad de que los conductores reflexionen por las futuras consecuencias legales y monetarias que puedan tener.
Nuestro abogado dijo que una reforma completa a la Ley de Transporte Terrestre viene en la dirección de poder captar recursos para mejorar la operatividad o en la inversión de programas de seguridad y prevención. Asimismo, la posible reforma le da la posibilidad a la Dirección de Movilidad de captar deuda.
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