La nueva normativa presentada por el Comit\u00e9 de Normas del Banco Central de Reserva (BCR) viene a ser un complemento de lo ya regulado en otras normas t\u00e9cnicas tales como la NPB4-47 para la gesti\u00f3n integral de riesgos de entidades financieras y la NPB4-48 que establece lineamientos sobre gobierno corporativo para dichas instituciones. El riesgo operacional es entendido como aquella probabilidad de obtener p\u00e9rdidas como producto de fallas en los procesos a ra\u00edz de factores internos (personas, sistemas de informaci\u00f3n, fallas intr\u00ednsecas con la metodolog\u00eda del proceso) o factores externos. Los sujetos obligados son tanto las instituciones financieras privadas como p\u00fablicas (BANDESAL, BFA, BH y FSV); para los \u00faltimos se les aplicar\u00e1 aquellas disposiciones que no entren en conflicto con sus respectivas leyes de creaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Los sujetos obligados deben contar con una estructura, adaptada a su modelo de negocios, que vele por la gesti\u00f3n oportuna de los diferentes riesgos, delimitando correctamente sus funciones entre los diferentes \u00f3rganos que se\u00f1ala la norma (Junta Directiva, Comit\u00e9 de Riesgos, Alta Gerencia, Unidad de Riesgos y Auditoria Interna). Para un trabajo m\u00e1s efectivo las disposiciones exigen un plan de trabajo que abarque mecanismos para identificar posibles riesgos, de lo cual deber\u00e1 hacerse una medici\u00f3n del alcance del mismo para posteriormente ejecutar las acciones tendientes a controlar dicha situaci\u00f3n para por \u00faltimo, darle un seguimiento con la finalidad de prevenir futuros eventos similares.<\/p>\n\n\n\n
De manera general todos los entes obligados deben contar con una base de datos donde se registre cada evento de riesgo operacional experimentado, la frecuencia de los mismos, el impacto producido as\u00ed como los mismos requisitos del anexo 4 de la presente norma; dicha informaci\u00f3n ser\u00e1 entregada de manera anual a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a m\u00e1s tardar el d\u00eda treinta uno de enero de cada a\u00f1o, sin perjuicio de la obligaci\u00f3n de informar a la superintendencia de manera inmediata al conocimiento de cualquier evento materializado que afecta de manera masiva alg\u00fan producto financiero.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, es importante destacar que dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de esta norma t\u00e9cnica, los sujetos obligados deben presentar un plan de actividades a la SSF y posterior a su presentaci\u00f3n contar\u00e1n con un plazo m\u00e1ximo de seis meses para aplicar dicho plan dentro de su estructura organizacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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